jueves, 30 de abril de 2015

El TRATADO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIONES (TTIP)

¿SABÍAS QUÉ ES EL TTIP?


El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo.

¿Por qué ahora?

EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y otros países, especialmente China, les están desplazando como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. El TTIP pretende por tanto consolidar los intereses geopolíticos y recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando una guerra comercial a países terceros.

¿Quién y cómo se está negociando?

De manera formal, por parte de la Unión Europea es la Comisión Europea quien tiene el mandato de las negociaciones; y de la otra, el propio Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes lobbies empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa en ellas: industria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…

Las negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población, con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación y apenas consulta a la sociedad civil, e incluso con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.

¿Qué regulará?

Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este nuevo modelo de tratado se centra en la liberalización de todos los sectores y en conseguir una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos innecesarios” para las corporaciones.

Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de petróleo o gas) o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser objetos de demandas a los Gobiernos.

¿Qué supondrá?

Se ahondará en los recortes en los derechos laborales, justificados por la reducción de costes y basados en la política antisindical de EEUU (que no ha ratificado convenios de la OIT) y en las reformas laborales impuestas por la Troika [link a www.troikaparty.eu/es] (Comisión Europea, FMI, BCE).

La liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones de servicios públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas.
La armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a:                                      
  • Políticas medioambientales y del derecho a la salud: se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con legislación más favorable en EEUU.                                                                                                                          
  • La agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación.                                                                                      
  • Sobre propiedad intelectual y uso y acceso a internet: se aplicará la legislación norteamericana que facilita la vigilancia cibernética y el acceso a datos personales, y pena el compartir archivos en la red; y además blindará las patentes, reduciendo por ejemplo la posibilidad de acceso a medicamentos genéricos.                                 
Y a todo esto se añadiría, a través de los mecanismos de protección de las inversiones, que los Gobiernos se encontrarían maniatados para la puesta en marcha de las políticas públicas sociales y medioambientales destinadas a proteger a la ciudadanía, en beneficio del gran capital.



viernes, 24 de abril de 2015

EL CORREO ESPAÑOL EL SIPE Y LA JUEZA DEL CONTENCIOSO 6


Imputada una alto cargo de la Ertzaintza por el uso de coches oficiales y el cobro de dietas

Titular torticero y tergiversador del Correo Español con claro afán de desinformar a la opinión pública.

1.- El sindicato SIPE solicitó, en reiterados escritos del año 2013, que la Dirección de Recursos Humanos de la Ertzaintza “no pagara a los miembros de la escala ejecutiva y superior de la Ertzaintza con carácter general las indemnizaciones por gastos de viaje y de comida”.

2.- Esas indemnizaciones se han pagado de igual forma, al menos, desde el año 1995 en base a diferentes normas internas del Departamento de Interior; y desde el año 2012 en base al Decreto del Gobierno Vasco 5/2012, de 17 de enero, sobre indemnizaciones por razón del servicio en la Ertzaintza. El contenido de este Decreto fue acordado en la Mesa de Negociación de la Ertzaintza.

3.- El Decreto 5/2012 señala expresamente que los miembros de la escala ejecutiva y superior de la Ertzaintza tendrán derecho a la compensación de los gastos por “desplazamientos realizados en vehículo particular por necesidades de servicio cuando el Departamento de Seguridad no hubiera puesto a su disposición vehículo oficial” y, también, de los gastos de comida o dieta de manutención “cuando por necesidades del servicio se realicen jornadas de trabajo en régimen de horario partido”.
Los puestos de trabajo de las escalas ejecutiva y superior tienen establecido un régimen de dedicación de disponibilidad absoluta y un sistema de provisión que justifican las especialidades de su régimen indemnizatorio.
La solicitud de SIPE no pudo ser atendida porque pretendía no aplicar una norma jurídica vigente, el Decreto 5/2012 del Gobierno Vasco. Este Decreto 5/2012 nunca fue recurrido como tampoco fueron recurridas ni cuestionadas las anteriores normas e instrucciones que en la historia de la Ertzaintza han regulado estas indemnizaciones.

4.- Ante la respuesta del Departamento de Seguridad, el Sindicato SIPE trasladó la petición de cesar en el abono de las indemnizaciones referidas a la jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas Públicas.

5.- A lo largo del año 2014, y en relación con el abono de estas indemnizaciones por razón de servicio a los miembros de la escala superior y ejecutiva de la Ertzaintza, se presentaron solicitudes de información documentada por el grupo mixto UPyD y pregunta parlamentaria por el grupo Popular Vasco, las cuales fueron contestadas oportunamente por el Departamento de Seguridad, siendo las mismas consideradas satisfactorias dado que ningún grupo parlamentario ha promovido ni una sola iniciativa parlamentaria nueva sobre este tema.

6.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 de Bilbao solicitó al correspondiente Juzgado de Instrucción que investigara la denuncia del sindicato SIPE.
El Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao abrió diligencias previas y solicitó documentación sobre las indemnizaciones abonadas en los años 2012, 2013 y 2014.
Posteriormente, dicho Juzgado ha solicitado una ampliación de la documentación remitida y ha citado a declarar a la Directora de Recursos Humanos de la Ertzaintza.
El Departamento de Seguridad confía en que las diligencias previas en vía penal, al igual que ha ocurrido en la jurisdicción de responsabilidades contables (Tribunal de Cuentas Públicas), culminen con el archivo de las mismas.


7.- Efectivamente, si bien la denuncia de SIPE ante el Tribunal de Cuentas Públicas dio origen a las Actuaciones Previas 209/14, la Instructora con fecha 11 de febrero de 2015 ha formulado Acta de Liquidación Provisional en la cual concluye que “las dietas objeto de denuncia tienen cobertura reglamentaria, están sujetas a un procedimiento, se han justificado los conceptos indemnizables, sus perceptores asociados a su número de identificación profesional, los conceptos y los importes”.
Y, en consecuencia, “los hechos denunciados no generan responsabilidad contable porque no se aprecia la producción de daño real, efectivo e individualizable en los fondos del Gobierno Vasco”.

8.-Al margen de lo anterior, la Directora de Recursos Humanos de la Ertzaintza, elevó consulta hace tres semanas a la Comisión de Etica Pública del Gobierno vasco sobre la citación recibida y la citada Comisión ha acordado que “a la vista de las circunstancias la autora de la consulta puede continuar en el ejercicio del cargo”.
En opinión de la Comisión de Etica Pública “las consideraciones realizadas por el Tribunal de Cuentas Públicas no son obviamente un anticipo de lo que la autoridad judicial resolverá en el procedimiento penal abierto sobre el particular, pero avanzan una tesis sobre la corrección jurídica de los hechos que están en la base del asunto sometido a nuestra consideración que por la relevancia institucional y la competencia profesional del órgano del que proceden, no pueden desconocerse a la hora de abordar un juicio ponderativo relacionado con las exigencias de la ejemplaridad.”

viernes, 10 de abril de 2015

POLICÍA EN NUEVA YORK

¿Hacia una nueva policía en Estados Unidos?

Ferguson ha vuelto a las pantallas de Estados Unidos. Los canales nacionales ya tienen a sus corresponsales apostados en este pequeño suburbio de San Luis, de 21.000 habitantes, para cubrir otro capítulo del drama social que comenzó el pasado verano con la muerte de un adolescente negro desarmado, Michael Brown, a manos de un policía blanco.
Las autoridades buscan a los responsables del tiroteo que hirió a dos agentes la medianoche del jueves, cuando estaban apostados frente a la comisaría. El ataque tuvo lugar después de que dimitiese el jefe de policía local, en medio de una purga desatada por las críticas del departamento de Justicia. El Gobierno presentó un informe que denunciaba patrones de racismo en la policía y el sector judicial. También han dimitido el administrador general y el juez municipal.
Ferguson parece condenado a encarnar dos problemas históricos en Estados Unidos: la discriminación racial y la escasa capacidad para limitar la violencia policial.
¿Un modelo en Nueva York?
Un multitud de agentes neoyorquinos durante el funeral de Liu (Reuters).
El debate se da con especial relieve en Nueva York, hogar del mayor cuerpo de policía de Estados Unidos: tres veces más grande que el siguiente en tamaño, la policía de Chicago. Son 35.000 agentes representados por cinco sindicatos díscolos y politizados, con más de un siglo de experiencia en hacerse imponer en la calle y en la alcaldía
“Los sindicatos de la policía de Nueva York han desarrollado una tradición de acosar a los alcaldes”, dice a El Confidencial Samuel Walker, profesor de la Universidad de Nebraska, experto en responsabilidad policial. “Por ejemplo, la 'ralentización del trabajo' que hicieron en diciembre y enero. En cualquier otra profesión, los empleados hubiesen sido castigados”, añade por teléfono.
Walker se refiere a la última acción organizada, presuntamente, por los sindicatos: una campaña de brazos caídos que nunca llegaron a reconocer. Una huelga secreta para protestar por lo que consideraron una falta de respeto del alcalde, Bill de Blasio, que denunció públicamente el exceso de fuerza policial a raíz de la muerte de Eric Garner. La “ralentización del trabajo” hizo que las multas bajaran un 90% y la detenciones un 56% en la primera semana del año.
Al mismo tiempo, Bill de Blasio y el jefe de Policía, Bill Bratton, presumían de estadísticas. En 2014 el crimen en Nueva York descendió un 4,4%: el nivel más bajo desde que se tiene registro. Los robos cayeron un 14,4%; los asesinatos, un 6,8, y el crimen en la red de transportes casi un 14%. El pasado febrero la ciudad marcó otro récord: 12 días consecutivos sin un sólo homicidio.
Bratton comparó la situación actual con la de su llegada a Nueva York. “En 1990, tenías una probabilidad entre 15 de ser la víctima de un crimen. Hoy, es de una entre 84. Una caída dramática, dramática”.
La razón del descenso, según la alcaldía, se debe en parte a una nueva manera de enfocar la actuación policial. Primero la reducción del stop-and-frisk (parar, preguntar y registrar), una manera rápida de incautar drogas o armas. Y la teoría de las ventanas rotas: combatir la delincuencia menor o pequeños actos de vandalismo para mantener el orden básico, y evitar un efecto dominó criminal.
Agentes dan la espalda a Bill de Blasio durante el funeral de Wenjian Liu, asesinado en Nueva York (Reuters).
La policía de Nueva York ha empezado este año a probar las cámaras adosadas al uniforme, una manera de vigilar la actuación policial dejando constancia de su actuaciones.
El ex policía de Nueva York Eugene O'Donnell, actual profesor del John Jay College of Criminal Justice, dice no creerse las razones de la alcaldía. “La razón de que descienda el crimen en Nueva York es simplemente que la ciudad se ha vuelto diferente. Nunca he creido que la policía sea la principal razón de que descienda el crimen. Todo lo que tienes que hacer es darte una vuelta por la ciudad”. 

La agenda de Washington

“Hay un fuerte debate nacional”, continúa Samuel Walker. El pasado enero, Walker aportó sus recomendaciones a la comisión especial formada por el presidente Barack Obama para reformar los métodos policiales. El informe propone que los casos de violencia policial sean investigados no por la policía sino por autoridades independientes. Aconseja potenciar el diálogo con las escuelas y los vecindarios, evitar la identificación racial, entrenar a los policías en el uso de técnicas no violentas, y explorar el uso de la tecnología. También pide a los cuerpos policiales que informe al Gobierno federal.
O'Donnell valora las propuestas, pero se muestra poco optimista. Aclara que sólo son recomendaciones que la Casa Blanca no tiene ninguna capacidad de implementar. “En Estados Unidos hay 18.000 cuerpos policiales diferentes, independientes. Son entidades locales gobernadas por ejecutivos locales elegidos en elecciones locales. Es un rasgo distintivo de América”. 

AUTOR

martes, 7 de abril de 2015

SANIDAD NORTEAMERICANA

Radiografía de la (mala) sanidad americana

Esta es la situación de la Sanidad estadounidense cinco años después de que Obama anunciase su plan para reformar un sistema que no funciona
Harlem, año 5 después de Obamacare. La plataforma del autobús funciona constantemente. Cada parada, los pasajeros esperan a que suba otra silla de ruedas, otra señora con andador, otro vecino cuya obesidad le comba las piernas. Uno de cada cinco harlemites padece asma; uno de cada cinco, también, diabetes, proporción seis veces mayor que la media nacional. La principal causa local de muerte son las enfermedades cardiovasculares y el VIH sigue siendo una epidemia.
En Estados Unidos, dinero y salud van de la mano. El norteamericano medio gasta 8.745 dólares al año en servicios sanitarios, más de un tercio de lo que gana la familia media en Harlem: 24.230 dólares para cuatro miembros, cantidad que coincide, además, con el umbral de pobreza.
Estados Unidos es el país que más gasta, proporcionalmente, en sanidad; le dedica un 18% de su PIB, casi el doble que España. Desde 1960, el gasto sanitario ha crecido cinco veces más rápido que la economía. Sin embargo, el estadounidense medio va al médico 4,1 veces al año, aproximadamente la mitad que un español y tres veces menos que un japonés. 
“Hay dos razones principales por las que la sanidad en Estados Unidos cuesta más”, dice Carolyn Engelhard, directora del Programa de Sanidad en la Universidad de Virginia. “La primera es que las cosas valen más. Alemania o Francia, por ejemplo, establecen cuotas, un esquema de precios para los procedimientos médicos y las medicinas. En Estados Unidos tenemos las fuerzas de mercado, las aseguradoras, los hospitales... Y los precios son más altos. Es una ironía. Todos creemos que, si hay un mercado, los precios bajarán, pero eso no ocurre en la sanidad”.
El resultado es un laberinto kafkiano de corporaciones, cláusulas, pólizas, primas, deducciones y precios de lujo. Un bypass cuesta, de media, 73.420 dólares. Cirugía en la rodilla, 25.637. Un viaje de 15 minutos en ambulancia supera los 1.700 dólares. También las medicinas. El medicamento Lipitor, contra el colesterol, por ejemplo, cuesta 13 dólares en España; en Estados Unidos, 124.
“La segunda razón es que tenemos un sistema sanitario más intenso”, continúa Engelhard. “Hay menos camas de hospital, pero una vez entras, te hacemos más cosas. Más escáneres, más procedimientos...”. EEUU hace tres veces más mamografías per cápita que la media de los países industrializados y posee un 60% más de máquinas de resonancia magnética por habitante.
Así es el universo con el que lidia la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, su medida estrella y objeto de guerra política desde que fue aprobada en 2010. El llamado Acta de Cuidado Asequible (ACA, también en inglés) quiere ampliar el acceso a la salud y actúa en varios frentes.
Primero, obliga a la inmensa mayoría de los ciudadanos a contratar un seguro médico, bajo pena de multa fiscal. Segundo, aporta subsidios a quienes lo necesiten para pagarlo. Tercero, prohíbe negar la cobertura a personas con una “condición médica preexistente”. Cuarto, amplia los mínimos que debe cubrir el seguro médico ofrecido por las empresas. Y quinto, limita el encarecimiento exigiendo a las aseguradoras que justifiquen públicamente el aumento de precios.
Estas medidas, levantadas paso a paso en los últimos cinco años, han empezado a tomar cuerpo en 2014. ¿Cuál es, por ahora, el saldo del ACA, informalmente llamado Obamacare?
Manifestación pro-Obamacare frente al Tribunal Supremo (Efe).
Manifestación pro-Obamacare frente al Tribunal Supremo (Efe).

Los ganadores

Los 500 empleados de Harlem United, asociación financiada por el estado de Nueva York, conocen bien las trincheras de la sanidad. Son una fuerza de choque, trabajadores sociales que rastrean calle por calle a los uninsured, los que no tienen seguro. Recorren tiendas, escuelas e iglesias para ver quién está enfermo pero tiene miedo de ir al hospital. Una vez localizado, al “paciente” se le garantiza que su estatus migratorio no importa y recibe ayuda para contratar un seguro adecuado.
“Nuestro principal objetivo es que la gente reciba cuidados”, dice Luc Josaphat, director de Acceso a Cuidados de Harlem United. “Digamos que viene un enfermo de gonorrea; lo remitimos a una clínica, donde no le cobran, y luego lo incluimos en un proceso de elegibilidad para buscar seguro. Cuando tenga seguro, puede pagar la factura de la clínica”.
Dependiendo de su nivel adquisitivo y número de hijos, los uninsured pueden optar a diferentes seguros privados. “La reforma sanitaria facilita más opciones”, continúa Josaphat. “Ya no es necesario tener que ir directamente a urgencias para recibir cuidados. Eso era lo que pasaba antes. La gente sin seguro iba a urgencias, porque, seas quien seas, en urgencias te tienen que estabilizar”.
Desde octubre de 2013, el número de personas sin seguro médico se ha reducido un 35% en Estados Unidos: 16,4 millones lo han contratado. Y el Medicaid, el programa público para las familias con bajos ingresos, ha aumentado un 20% su radio de inclusión. Dado que los pacientes tienen más facilidades para pagar, los hospitales han recortado sus pérdidas una quinta parte en 2014.
Obama en un acto para promover la actividad física (Reuters)
Obama en un acto para promover la actividad física (Reuters)

Los descontentos

El ACA obliga a las empresas con más de 50 empleados a tiempo completo a financiar parte del seguro médico, lo cual puede limitar el empleo. Según una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, el 51% de las empresas manufactureras y un tercio de las de servicios dicen que el ACA incrementó “mucho” los costes. El 21,6% de las manufactureras aseguraron que despedirían gente debido al coste de la reforma; el 21,8% reduciría los salarios.
La parte que pagan los empleados también se ha encarecido. “La mayoría de los americanos reciben seguro médico donde trabajan y la ACA no ha hecho mucho por ellos, por lo menos no inmediatamente, porque no reciben los subsidios adicionales”, dice Carolyn Engelhard. “La reforma requiere a los empleadores ofrecer un seguro más completo y, por tanto, más caro. Los americanos más jóvenes y sanos quizás no se muestran tan inclinados al ACA”.
Desde el principio, Estados Unidos ha estado diametralmente dividido respecto a la reforma sanitaria. Ahora mismo el 41% de la población la apoya y el 43% la rechaza. Esta brecha resulta evidente en la política. El partido republicano ha intentado revocar la ley 50 veces y casi logra que el Tribunal Supremo la declarase inconstitucional en 2012.
El nuevo desafío tiene fecha: finales de junio. El Supremo decidirá si los subsidios federales, que ya han recibido siete millones de personas, son legales. Si son declarados ilegales, mucha gente no podrá pagar el seguro médico y por tanto el ACA sería prácticamente deshecho.
La reforma no sólo quiere inyectar una dosis europea en Estados Unidos y sellar un legado presidencial. En un sentido primario, intenta quebrar la proverbial desconfianza del norteamericano medio hacia el Gobierno central y transformar su concepto de libertad individual. “A los americanos no les gusta la idea de ayudar con sus impuestos a pagar la sanidad de otros”, declara Engelhard. “Pero esa es la única manera de incluir a todo el mundo en el sistema”.
AUTORARGEMINO BARRO. NUEVA YORK